¿Tiene el gobierno de Canadá algún mensaje para las personas afectadas por sus minas?

 Foto: Canadian Council for International Cooperation

Por Daniela Pastrana

@danielapastrana

La semana pasada, durante la visita del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, circularon videos de legisladoras mexicanas empujándose como adolescentes para tener una selfie con el mandatario que ha usado la bandera del feminismo para promover su gobierno.

La reportera de Radio Fórmula, María Eugenia Rojas, fue aún más lejos: utilizó una de las dos únicas preguntas que tuvieron los periodistas mexicanos al final de la visita para cuestionar a los mandatarios y, después de preguntar por la posición de México ante lo ocurrido en Cataluña (la periodista se confundió de mandatario o de continente), pidió en tono de broma una foto con el político canadiense. Al término de la conferencia, la reportera consiguió la imagen, con Trudeau, Peña Nieto y sus esposas, mientras sonriente exclamaba: “¡lo amo!”

Varios periodistas mexicanos justificaron esa actitud, inaceptable en cualquier medio serio del mundo, con el argumento de que no había preguntas “trascendentes” que hacer en ese encuentro. Es decir, conformados con el papel de notarios del poder al que ha reducido un siglo de autoritarismo priísta al periodismo mexicano.

Pero, ¿realmente no había nada que preguntar?

Tres días después de la visita de Trudeau, una delegación de defensores de derechos humanos mexicanos voló hacia Canadá a decirle a los funcionarios, parlamentarios, académicos y a la sociedad canadiense lo que el gobierno mexicano insiste en ocultar: que hay una crisis de derechos humanos que es masiva, sistemática, que afecta sobre todo a comunidades indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos y periodistas.

El encuentro fue convocado por el Canadian Council for International Co-operation y organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz, Mining Watch, Nouvel Women’s Initiative, Steelworkers Humanity Fund, CoDev entre otras.

En la delegación mexicana participaron Santiago Aguirre del Centro Prodh; Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; Araceli Tecolapa, del Centro de Derechos Humanos José Morelos y Pavón de Guerrero; María Martín, de Jass Mesoamérica; la maestra María de la Luz Arriaga; el abogado laborista Arturo Alcalde y Julia Quiñonez, líder de las obreras de maquiladoras en Coahuila, quienes llevaban una batería de argumentos sobre los temas educativos, laborales, indígenas de delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, despojo, asesinatos de periodistas y activistas y género.

Roberto Abel Jiménez García, líder de la sección 22 del SNTE, no pudo llegar porque el gobierno de Canadá no le dio permiso de entrada. Y a mí me invitaron para exponer la situación de los periodistas, algo que no está ajeno al interés de ese país.

En tres días de agenda llena de reuniones con sindicatos, universidades, parlamentarios, conferencias de prensa y entrevistas, la delegación mexicana fue ganando espacio para dimensionar lo que está ocurriendo en México y sobre todo, lo que ocurre con un tema que si es de competencia directa de Canadá: la megaminería.

El tema no es menor. La minería es la principal fuente de ingresos extranjeros para Canadá. Y México le ha entregado a las empresas canadienses 840 de los 1,327 proyectos mineros que están operando actualmente en el país.

“Las empresas canadienses están matando a los pueblos mexicanos”, resumió Gustavo Lozano, de REMA, al diputado Matt De Courcey, quien apenas atinó a responder que haría del conocimiento del equipo lo que los mexicanos le habían dicho y que se sentía decepcionado de que la comitiva que estuvo en México no hubiera tenido esta información.

Pero la reunión más fuerte ocurrió en la tarde del miércoles, en el ministerio de Relaciones Exteriores y estuvo encabezada por Kevin Thompson, director de North America Policy and Relations. Ahí, durante casi tres horas, desgranamos esa realidad que el gobierno de Canadá no quiere ver.

Y como soy periodista, no pude evitar pensar que necesitábamos respuestas. Así que en lugar de exponer una situación que -me parece- deben conocer más o menos bien, dejé en la mesa algunas preguntas:

1) ¿Están conscientes de la responsabilidad de Canadá en la crisis de derechos humanos de México?

2) ¿Cómo pueden, desde el gobierno, fiscalizar a las empresas mineras que violan derechos humanos de los pueblos mexicanos?

3) ¿Cómo se incorporan las directrices del mensaje de Canadá, en favor del Estado de derecho y de las mujeres, en las partes comerciales de sus embajadas?

4) ¿Tiene el gobierno de Canadá algún mensaje que pueda dar a las familias de las personas que han sido asesinadas, desplazadas o despojadas de su tierra, por el trabajo de su diplomacia económica?

5) Y esta no fue una pregunta sino un regaño: ¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos, que tiene un discurso antimexicano, a través de su embajadora, condenara con más contundencia el asesinato de un periodista, el décimo de este año, ocurrido días antes de la visita de Trudeau?

En principio, los funcionarios trataron de evadir el tema y regresar al terreno cómodo para ellos, el que no les genera cargos de conciencia: que México no fácilmente acepta opiniones, que resolver la grave crisis expuesta nos toca a nosotros.

Pero nosotros, los que viajamos en esa delegación, sabemos muy bien cómo es el gobierno que tenemos y lo que nos toca hacer a nosotros. Todos los días, los defensores de derechos humanos en este país se arriesgan para enfrentar a un gobierno simulador, cínico y corrupto. Lo que necesitamos saber, insistí, es si el gobierno de Canadá entiende la parte de responsabilidad directa que tiene en esta violencia que hay en México. Y sobre todo, queremos saber cómo pueden llamar a cuentas a sus empresas para que se comporten conforme a los estándares internacionales y dejen de violar derechos humanos de los pueblos mexicanos, como ha documentado el Comité de la ONU para empresas y Derechos Humanos. Y cómo pueden evitar que su diplomacia económica tire por la borda el trabajo que hace el área de derechos humanos de su embajada para fortalecer capacidades de organizaciones locales.

Canadá también debe ver por su desarrollo, respondió el funcionario: “el motivo por el que Canadá es un país tan próspero tiene que ver con la actividad minera”.

Fue el punto de quiebre. En bloque, la delegación mexicana se sumó al mensaje que llevábamos en la maleta: nada justifica que nosotros pongamos los muertos para el progreso de Canadá.

Imaginemos esto: tengo un vecino ordenado en sus cuentas, trabajador y veo que su casa va creciendo. No me puedo enojar por eso. Tampoco puedo reclamarle que mi casa esté sucia y desordenada. Lo que no puedo aceptar es que, aprovechando que mi casa se está cayendo y que mis padres son unos borrachos golpeadores, el vecino rico se lleve nuestra comida y nos deje su basura. Porque eso es lo que, en otras palabras, contaron Gustavo Lozano y Araceli Tecolapa que hacen las mineras canadienses con los pueblos indígenas.

No fue fácil. Pero al final, el propio Thompson tuvo que aceptar que no conocen totalmente toda la situación. Se comprometió a tener una “discusión profunda” con la embajada “sobre los servicios que se ofrecen a las empresas” y a mejorar los procesos de sistemas de comunicación más directa con la sociedad civil mexicana. También dijo que buscarán comprender mejor la situación para apoyar a las empresas que funcionan bien, pero “con las que están teniendo un papel tan negativo tenemos que tomar medidas”.

No sabemos realmente cuáles serán los resultados efectivos de la visita de la delegación a Canadá. Queremos creer que se abrió una grieta que permita entrar algo de luz en el oscuro panorama mexicano. Pero después de escuchar las intervenciones de los delegados mexicanos y el enorme trabajo del grupo de la sociedad civil canadiense, me queda la certeza de que sí había preguntas trascendentes que hacerle al Primer Ministro Trudeau.