Libertad de Expresión

Griselda Triana, esposa de Javier Valdez, pidió al gobierno federal que profundice en todas las líneas de investigación en el asesinato del periodista sinaloense, además de que la Fiscalía General de la República (FGR) dé no solo con los autores materiales, sino con responsables intelectuales.

Reporteros Sin Fronteras, la Asociación de Periodistas Desplazados de México y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias aseguran que el gobierno de Baja California Sur pretende criminalizar al director de Radio Kashana, quien fue asesinado el pasado fin de semana

El sábado pasado el nuevo gobierno presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la11 Federación 2019 (PPEF 2019), el cual, contempla un presupuesto a comunicación social de 4 mil 258 millones de pesos. El gobierno no ha justificado cómo se presupuestó esta cantidad o bajo qué plan o estrategia de comunicación social se basó, lo cual, bajo un ejercicio de rendición de cuentas es necesario. Asimismo, es de suma importancia que los ejercicios sobre publicidad oficial sean transparentes y públicos.

De acuerdo con Alejandro Cerezo, de Comité Cerezo, de 2010 a 2018 fueron desaparecidas 150 personas defensoras de derechos humanos y 250 ejecutadas; en ese mismo periodo 12 periodistas fueron víctimas de desaparición y 72 de homicidio. Esto a pesar de la existencia en México de un mecanismo de protección por parte del gobierno federal.
Ante esa situación 60 organizaciones sociales y activistas, entre ellas la Red Nacional de Periodistas de a Pie, impulsan una iniciativa para crear una nueva Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

El pasado martes se presentó en la ciudad de México la segunda parte del memorial a periodistas asesinados de 2000 a 2018 “Matar a nadie”, proyecto del colectivo de periodistas Reporteras en Guardia.

Después del beso que Andrés Manuel López Obrador dio un beso a la reportera Lorena García en Tijuana, cuando le hizo una pregunta; Lucía Lagunes, de CIMAC, y Daniela Pastrana, de Periodistas de a pie, coincidieron en que falta profesionalismo en el trato entre el político y la prensa. Ya que en un contexto nacional donde la violencia contra las mujeres se banaliza, es grave que una figura política como López Obrador tuviera ese acercamiento no consentido con Lorena; pero también es de cuidado que el gremio no tome una distancia profesional con el presidente electo y le aplauda o adule en los eventos públicos.

Si bien el gobierno federal anunció 75 millones de pesos para que el mecanismo de protección opere hasta diciembre, el Consejo Consultivo y personas beneficiarias apuntaron que eso no resuelve el problema, dado que faltan cubrir los meses de enero a marzo del próximo año. Asimismo no se sientan las bases para establecer una política integral de atención, con perspectiva de derechos humanos, de género y de interculturalidad.

Durante el Foro "Ampliando el espacio democrático", realizado en la Universidad del claustro de Sor Juana este miércoles, los relatores de libertad de expresión de la ONU, David Kaye, y CIDH, Edison Lanza, pidieron al gobierno mexicano recursos para que el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas opere el resto del año.

Las condiciones de inseguridad y de pobreza que viven las y los periodistas mexicanos se agrava cuando no tienen un medio que los respalde, cuando son corresponsales o independientes, por ello es importante no sólo discutir cómo mejorar sus condiciones de trabajo, sino conocer las circunstancias particulares que viven a lo largo y ancho del país.

Ciudad de México, a 19 de julio de 2018.- Desde el colectivo #MediosLibres reconocemos que el Plan de austeridad y combate a la corrupción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considere –en su punto 29– una disminución de 50% en el gasto en comunicación social. De cumplir tal previsión, el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos (MDP) para este rubro en 2019, en contraste con los más de 4 mil MDP aprobados en el último año por la actual administración y los 9 mil MDP que en promedio gasta por año la actual administración de Enrique Peña Nieto

Hemos seguido minuto a minuto la investigación periodística que publicó el equipo de IDL-Reporteros, en la que evidencia presuntos actos de tráfico de influencia y corrupción en la Corte del Callao y la Corte Nacional de Magistratura (https://idl-reporteros.pe/corte-y-corrupcion/) También observamos con preocupación a través de la cobertura de medios peruanos y redes sociales, la sorpresiva diligencia de exhibición e incautación de información en las oficinas del medio de comunicación que dirige el periodista Gustavo Gorriti.

Desde la Red Puebla de Periodistas vemos con preocupación e indignación las agresiones contra los y las periodistas del estado durante la cobertura del proceso electoral. Tras el arranque de las campañas tanto local como federal hemos documentado cinco agresiones a periodistas por parte de tres candidatos, brigadistas y una coordinadora de prensa. Asimismo tenemos conocimiento de tres confrontaciones entre integrantes de los medios de comunicación con un candidato, personal de seguridad y brigadistas.

Al menos seis periodistas fueron agredidos en Puebla durante el proceso electoral de este 1 de julio, en todos los casos los victimarios fueron autoridades tanto policiales como electorales. De igual forma los ataques alcanzaron a una representante de casilla y a varios encuestadores, uno de ellos fue privado de su libertad en el municipio de Chapulco.

El día 6 de junio de 2018, el reportero del medio televisivo Canal 44 y de Quadratin Jalisco, Henry Saldaña, fue agredido físicamente y amenazado por policías municipales de Tlaquepaque, Jalisco cuando se encontraba grabando un accidente de tránsito entre varios autos.

El pasado 26 de abril el Senado aprobó una reforma a la Ley de Derecho de Autor, donde se pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, pues se establecieron “medidas precautorias” para cuando se llegue a sospechar de alguna violación. Sin embargo, organizaciones civiles temen que las medidas se utilicen como un medio de censura.

• Sin escuchar las criticas ni advertencias, el Senado pasa en fuerza la Ley General de Comunicación Social y la aprueba sin ningún cambio, • La ley no cumple con lo establecido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. • Legaliza las malas prácticas en torno a la publicidad oficial, mantiene el estatus quo.

Las organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como los medios de comunicación y periodistas que suscribimos este documento, exhortamos al Congreso de la República a cumplir en tiempo y forma con su obligación constitucional de regular la publicidad oficial señalada en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 15 de noviembre de 2017.
Es de conocimiento público que los grupos parlamentarios han incluido la publicidad oficial como un tema prioritario en sus agendas legislativas para este periodo de sesiones. Sin embargo, la aprobación de una legislación tan relevante para la vida democrática del país, no sólo debe cumplir con la fecha establecida por la SCJN (30 de abril de 2018), sino con los más altos estándares internacionales en la materia y con un proceso abierto, transparente y que incluya la participación efectiva de la sociedad civil.

Al conocer los detalles del evento ¿A quién pertenecen los medios? Lanzamiento del monitoreo de la propiedad de los medios, organizado por ustedes y en el que se propone un panel para analizar dichos resultados, un grupo de periodistas nos extrañamos por leer dos aspectos contrarios al que, suponemos, es el espíritu del informe.
La forma nos dice mucho del fondo y no ayuda al incluir a un gobernador en la mesa de debate en un momento coyuntural donde todos nos pronunciamos por la urgente regulación de la publicidad oficial, pues como lo hemos experimentado y ha quedado documentado en informes y publicaciones ésta se ha convertido en un arma de doble filo que vulnera los derechos de los periodistas y de las audiencias, fomenta prácticas y relaciones tóxicas entre medios y gobiernos de los tres niveles –incluidas las universidades públicas--, y pone en riesgo la vida e integridad física de reporteros y reporteras.

Ya restan escasos cincuenta días para que se cumpla el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de regular la publicidad oficial en el país, antes del 30 de abril, mediante un proceso abierto y de participación ciudadana. Hasta la fecha, la lógica electoral y la falta de voluntad política han prevalecido y paralizado el trabajo legislativo. Los 78 abajo firmantes estamos muy preocupados frente a la ausencia de señales concretas sobre los avances en la regulación de la Publicidad Oficial pese a las reiteradas demandas de la sociedad civil, y en particular del Colectivo #MediosLibres

La tarde del lunes 12 de marzo un grupo de cinco periodistas independientes fueron detenidos y encañonados en Caborca por varios hombres, quienes dijeron proteger “los intereses de Rafael Pavlovich”, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. Los periodistas realizan una investigación sobre la industria minera en Sonora, por ello acudieron al ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, donde ejidatarios fueron desaparecidos y amenazados por su oposición a la explotación minera en el lugar.

Ciudad de México, 25 de enero de 2017. De 2000 a 2017 fueron asesinados en México 130 periodistas, esto de acuerdo con el informe de 2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Asimismo reportó la desaparición 20 periodista y 52 ataques a medios de comunicación. Los homicidios que tomó en cuenta el organismo son superiores a los que tienen registrados la Red de Periodistas de a Pie y Artículo 19. La CNDH aseguró que los seis estados con mayor incidencia en homicidios de periodistas son: Veracruz (21), Oaxaca (15), Tamaulipas (14), Guerrero (14), Chihuahua (14) y Sinaloa (siete).

Ciudad de México, 21 de enero de 2017. Esta tarde los periodistas Daliri Oropeza, Al-Dabi Olvera y Cristian Rodríguez fueron atacados por un comando armado cuando cubrían la caravana del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) en el estado de Michoacán. De acuerdo con los colegas agredidos, después de las seis de la tarde salieron con la caravana de Tepalcatepec rumbo a Paracho, iban al final de la fila tomando fotografías de los campos y el atardecer cuando vieron una camioneta Honda repleta de hombres armados. En ese momento bajaron las cámaras pero ni un kilómetro más adelante los sujetos se les emparejaron y los encañonaron, después les cerraron el paso.

El pasado mes de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió cómo quedará el derecho de réplica tras la reforma al artículo 6 constitucional, adelantando que la réplica no representa una sanción para los medios de comunicación ni una reparación del daño para los ciudadanos. La Corte dijo que la réplica representa una oportunidad para equilibrar información falsa o inexacta, en caso de que la parte agraviada quede inconforme puede recurrir a la demanda por daño moral.

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El Periódico El Mañana de Nuevo Laredo enfrenta actualmente cuatro demandas civiles en juzgados locales por presunto daño moral, por proveedores y funcionarios del Ayuntamiento de Nuevo Laredo. La semana pasada, nos informaron que una de las sentencias fue A FAVOR de la empresa, y este viernes 22 de diciembre, fuimos notificados de que otra demanda fue resuelta EN CONTRA. Se trata de sentencias de primera instancia, por jueces civiles estatales. Hay pendientes otras dos demandas, y en las cuatro hay los recursos legales de impugnación.

El pasado miércoles 2 de agosto se instaló la Comisión para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Roberto Campa Cifrián, y el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad. Al respecto, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos del estado manifestamos nuestro extrañamiento por la realización de dicho evento, y rechazamos: La falta de transparencia sobre la creación, instalación y operación de la Comisión para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es decir, no sabemos cómo se decidió, qué personas van a participar y en calidad de qué, cómo y por qué fueron elegidas, a partir de cuándo comenzará a operar, con qué recursos materiales y humanos va a operar. La falta de consulta a periodistas y defensores de derechos humanos sobre las necesidades específicas de protección. Que la Comisión dependa del gobierno del estado, cuando es el segundo agresor de periodistas, de acuerdo con los registros de la organización internacional Artículo 19 y la Red Puebla de Periodistas. Según Artículo 19, durante 2016 Puebla ocupó el 4o lugar nacional en agresiones contra periodistas y en 2015 fue el estado con más agresiones de parte de funcionarios del gobierno estatal.

El martes 15 de agosto, periodistas del estado de Guerrero, difundieron en redes sociales una carta dirigida al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, tras conocer la filtración de información que la titular de Comunicación Social hizo a reporteros de la fuente, donde los pone en riesgo y violenta sus derechos como víctimas del delito. En tiempos de alta impunidad, de escasa justicia en México para las víctimas en general y los periodistas violentados al realizar coberturas de riesgo, resulta para la Red de Periodistas de a Pie, muy preocupante que fluya información desde el gobierno sobre los casos delicados, como lo es el de los 13 reporteros atacados por un comando armado en Tierra Caliente el 14 de mayo. Preocupa, también, que Proceso replique la filtración donde solo se daña a las personas involucradas, se les recoloca en riesgo y omite los preceptos éticos obligatorios para la cobertura de víctimas.

El pasado 2 de junio, el portal Genderit.org publicó una entrevista sobre la seguridad digital en México que realizó a Jade Ramírez Cuevas V., coordinadora del área de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie

Personas defensoras de derechos humanos de la región y Misión de Observación exigen al gobierno federal cumpla con su obligación y atienda la inseguridad que se vive en Chihuahua

A la sociedad Al presidente Enrique Peña Nieto Gobernador Javier Corral Gobernador Miguel Ángel Yunes Gobernador Héctor Astudillo ¡Tres periodistas asesinados en marzo y todavía no termina!

La Red Libre Periodismo de Chihuahua exige que se castigue a las personas involucradas en el artero asesinato de nuestra amiga y compañera periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de El Norte de Juárez.

La Red de Periodistas de a Pie (Red PdP), condena el más reciente ataque contra Aristegui Noticias, con el allanamiento a sus oficinas ocurrido el 13 de noviembre.

En el Estado de México no solo se asesinan y desaparecen mujeres de manera cotidiana, lo que ya de por sí es una tragedia que alarma a nivel nacional. También, se amenaza e intimida a trabajadores de los medios, convirtiendo a 2016, como el año más violento para la prensa en la entidad gobernada por Eruviel Ávila.

Logró hacerse gobernador del estado de Chihuahua, un político que se autodefine como periodista y abogado.

La Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales de sociedad civil, queremos mostrar nuestra preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En México, los escenarios son cada vez más adversos para ejercer plenamente y con libertad el periodismo.

Cada 22 horas, un periodista en este país está siendo atacado, vulnerado, acosado. Los mecanismos que ha creado el Estado para protegernos y garantizarnos el acceso a la justicia no sirven, no sabemos si funcionarán o si algún día, el mandato que tienen los funcionarios del gobierno federal será ponderado en favor de la libertad de expresión y el periodismo.