Artículo invitado: Nos están matando

 Foto: Derecho a Informar

Por: Karla Lottini
Periodista mexicana exiliada en Canadá

En memoria de Javier Valdez

Casi diez mil mexicanos buscaron refugio en Canadá en 2008. Yo era uno de ellos.

Fui huyendo después de recibir amenazas de muerte por exponer la corrupción en una institución importante. Mi familia también fue amenazada. Mis colegas y yo habíamos reunido pruebas de que los empleados federales estaban robando dinero del presupuesto para Arte y Cultura, pero nadie publicaría la historia. Afectó demasiados intereses creados en la vida política, mediática e intelectual de la ciudad donde trabajaba. Era, en efecto, un crimen autorizado.

Desde el año 2000, no menos de 108 periodistas han muerto en México. Veinticuatro más han sido desaparecidos de manera forzada. Nadie con el poder de hacer una diferencia en esta situación parece preocuparse. Los responsables de la violencia siguen estando libres y la impunidad es la norma. El mensaje no podría ser más claro: “mata a un periodista que nada va a pasar.”
Durante más de una década los periodistas han trabajado en constante temor y censura, enfrentándose rutinariamente al acoso y las amenazas de muerte. Sin apoyo de la gran mayoría de los propietarios de los medios, la mayoría de los reporteros deben aceptar el riesgo, en retribución por atreverse a escribir sobre un cartel de drogas, una compañía minera que aterroriza a las comunidades indígenas o un narco-candidato que ha comprado a las autoridades en las elecciones.

Canadá lo sabe, no obstante México sigue en su lista de países seguros. ¿Por qué ningún político, incluido el Primer Ministro Justin Trudeau, condena esta violencia contra los periodistas? ¿Por qué no hemos exigido que nuestro socio comercial haga más para proteger a sus reporteros?

Desde mi llegada, 78 periodistas mexicanos han sido asesinados y 16 desaparecidos. Sin embargo, cuando me presenté a buscar refugio, los inspectores de inmigración se mostraron escépticos. No estaba cubriendo "noticias sangrientas" por lo que les era difícil ver cómo podría estar en riesgo.

Vine aquí temiendo por mi vida y mi libertad de expresión. Dejé atrás a mi familia y tuve que renunciar a cuidar a mis padres envejecidos.

Renuncié a oportunidades de trabajo que me hubieran permitido escribir e investigar - mis dos actividades favoritas-, pero nada de esto importaba a la oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), ni a la Junta de Inmigración y Refugiados. Ellos, consideraron la evidencia de mi reclamo de protección y lo rechazaron; con la Corte Federal fue similar: nadie entendió la evidencia presentada.

Regresar a México no era una opción. Había publicado el libro El talento de los farsantes donde identifiqué a la fuente de las amenazas contra mí y se relacionaban con altos mandos como funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; directivos de la institución estaban involucrados en la corrupción de la que incluso, fui víctima.

La agonía estaba lejos de terminar. Solicité la Evaluación del Riesgo de Pre-Eliminación (PRRA) y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) me hizo firmar una orden de deportación sin fecha.

Estaba cansada de pedirles que me creyeran. Estaba harta de ser humillada por un sistema que consideraba a los mexicanos como "falsos refugiados" (bogus refugees), tal como nos llamó Jason Kenney, entonces Ministro de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo, cuando los conservadores presentaron el Proyecto de Ley C-31 en febrero de 2012.

Después de que la Ley de Reforma de Refugiados Balanceados y la Ley de Protección del Sistema de Inmigración de Canadá fueron aprobadas en diciembre de 2012, México fue colocado en la lista de Países Designados de Origen, una clasificación que negó el refugio a los desplazados por la Guerra contra las Drogas.

Fue una situación terrorífica y degradante para mi esposo y para mí cuando solicitamos permanecer en Canadá por razones Humanitarias y de Compasión, sabiendo que sólo el 1% de las solicitudes son aprobadas. Finalmente, rompimos el silencio y el miedo con la ayuda de una organización de justicia migratoria (No One Is Illegal-Vancouver), y más de veinte periodistas, defensores de los derechos humanos y académicos, escribieron cartas para apoyar nuestro caso.

Sólo entonces la prensa canadiense nos prestó atención.

Nunca olvidaré ese día. Yo estaba del otro lado de la ecuación, colocada en una situación en que ninguna periodista debe estar: siendo noticia. La mayoría de los medios de comunicación que cubrían la conferencia de prensa para impedir mi deportación, apoyaron. Unos meses más tarde, ganamos el derecho (privilegio) de permanecer seguros en Canadá por motivos humanitarios.
La inmigración canadiense necesita darse cuenta de algo importante: ganamos, pero también perdimos porque las personas corruptas todavía están en el poder en México. Somos los afortunados que pueden caminar sin temor en las calles, a diferencia de nuestros colegas, pero estamos aquí porque fuimos forzados a huir.

La violencia relacionada con las drogas en México sigue siendo tan omnipresente como siempre, y cientos de periodistas enfrentan constantes peligros. Siete periodistas ya han sido asesinados en 2017. Sin embargo, no hay iniciativas creíbles para proporcionar mayor seguridad a los medios de comunicación, ni países como Canadá y Estados Unidos han facilitado a los periodistas sitiados encontrar refugio aquí.

¿Se imaginan lo apabullados que se sienten los periodistas mexicanos? No sólo por el asesinato de Javier Valdez, el 15 de mayo, sino cada vez que otro colega es amenazado o asesinado por escribir algo que amenaza a poderosos intereses dentro y fuera del gobierno.

Debemos hacer más. Canadá puede y debe presionar a México para crear un sólido mecanismo de protección para periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, debe exigir explicaciones sobre la situación despiadada de decenas de ataques violentos contra la prensa, sin mencionar los asesinatos.

Canadá debe dejar de suponer que están a salvo los cientos de periodistas atrapados en su cada vez más sanguinaria guerra mexicana, y debemos considerar las reivindicaciones de quienes buscan refugio en este clima de violencia e impunidad, con mucha más simpatía y comprensión.

Karla Lottini (CDMX, 1973). Egresada de la SOGEM. Reportera de Derechos Humanos y Cultura. Colabora para el programa de radio Latino Soy y ha sido parte de No One Is Illegal-Vancouver. Forma parte del Proyecto de Periodismo Solidario -con base en Canadá-, cuyo objetivo es crear consciencia y alertar, sobre la violencia sistémica en contra de los periodistas en México.