Editorial

Porque O`Globo publicó la noticia en Brasil. Pero aquí la investigación la realizaron los periodistas mexicanos Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna, y la publicaron en la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias. No lo dijeron los periódicos, radios o televisoras locales que prefirieron citar a un medio extranjero antes que conceder el crédito a medios y periodistas críticos. Ciertamente no es la primera vez que esto ocurre. Cuando estalló el escándalo por la mansión de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, periódicos como El Universal citaron como fuente a medios internacionales que retomaron el caso, conocido desde entonces como La casa blanca.

También se anunció el cierre de dos medios: uno digital, Reporte Jalisco.com que dependía según su director, de la solvencia de otros impresos informativos como Solo Ofertas; el otro es la versión impresa de Proceso Jalisco que, tras casi 13 años de salir semanalmente adherido a la edición en turno del semanario fundado por Julio Scherer, anunció su final. Parece que por razones explícitamente de recorte presupuestal, el Consejo de Administración decidió terminar con el proyecto en este estado.

La cobertura periodística de derechos humanos, en el contexto de violencia que vive México, incrementa el riesgo para quien lo ejerce, cada vez más. Documentar desapariciones y desplazamientos forzados, masacres, ejecuciones extrajudiciales, recuperar las historias de las personas asesinadas en la llamada guerra contra el narcotráfico –signos de una guerra-, nos coloca sin darnos cuenta, en una situación más vulnerable por los intereses de grupos oscuros y muy poderosos que se tocan.

Cinco años y tres días después la sociedad y los medios seguimos esperando. Cinco años y tres días después Artículo 19 nos dice que, hasta abril de 2017, Peña Nieto lleva gastado 34 mil 207 millones de pesos de manera discrecional, sin supervisión autónoma ni ciudadana. Prácticamente un millón de pesos cada hora que ha transcurrido desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 (para el cálculo se excluyó el gasto fraccionado mensual de diciembre de 2012 y los primeros cuatro meses de 2017).

La plaga de iniciativas creadas y votadas al vapor, se ha vuelto la corrosiva solución al tambaleante Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, próximo a cumplir cinco años, con la cosecha menos popular posible: acumula violaciones a los derechos humanos, revictimiza a beneficiarios, sigue omiso, recoloca en riesgo y no está claro el manejo de recursos públicos.

Cuesta hacer un análisis del problema de la vigilancia del gobierno en México que considere la historicidad del asunto. Un artículo digerible que no sea titulado: “Las cinco generalidades que debes conocer sobre el espionaje gubernamental mexicano”; que baje el tema, más allá de la tendencia generada por el informe y el vaivén político-mediático, a la realidad; que diga: esto nos afecta y convoca a cada uno de los periodista/activista promedio (no solo a quienes consideramos ‘espiables') en México y otras latitudes.

Desde el año 2000, no menos de 108 periodistas han muerto en México. Veinticuatro más han sido desaparecidos de manera forzada. Nadie con el poder de hacer una diferencia en esta situación parece preocuparse. Los responsables de la violencia siguen estando libres y la impunidad es la norma. El mensaje no podría ser más claro: “mata a un periodista que nada va a pasar.” Durante más de una década los periodistas han trabajado en constante temor y censura, enfrentándose rutinariamente al acoso y las amenazas de muerte. Sin apoyo de la gran mayoría de los propietarios de los medios, la mayoría de los reporteros deben aceptar el riesgo, en retribución por atreverse a escribir sobre un cartel de drogas, una compañía minera que aterroriza a las comunidades indígenas o un narco-candidato que ha comprado a las autoridades en las elecciones.

Primero, y lo más destacable, fue el efecto reconstructor del encuentro. Que coincidiera con la manifestación por el primer mes del asesinato de Javier Valdez fue un gran acierto. Vernos ahí, reencontrarnos, mirarnos en los otros, nos hizo levantarnos de la tristeza, contagiarnos de las ganas de dar la pelea por la profesión que elegimos y que amamos. Al final de la jornada vi a periodistas que estaban enojados o tristes animados por el entorno; a periodistas que por primera vez participaban en una reunión así emocionados de compartir las experiencias. Eso es algo que debemos aplaudir de la organización y del momento.

Los periodistas sufren la precarización del oficio y la falta de solidaridad gremial. Las prestaciones laborales (si es que tienen), son pocas. La mayoría de ellos trabajan en la incertidumbre legal porque no cuentan ni con un contrato que los proteja. No se establecen de manera clara sus obligaciones y menos, sus derechos. Son contratados bajo requerimientos distintos, con sueldos indignos.

Es cierto: cuando tantos periodistas de todo el país y las organizaciones nos sentamos en una misma mesa para ponernos de acuerdo más que para discutir nuestras diferencias, es porque ya no podemos más. Porque algo tenemos que hacer para frenar las agresiones, la impunidad, la tristeza colectiva, las pérdidas, la amenaza de imponer el silencio.