Criminalización de comunicadores y de la libertad de expresión

 Foto: LadoB

Por Aleida Calleja

@callejag

¡No vamos a ir como perros a quitarles sus instrumentos!, eso dijo el diputado priísta Benjamín Medrano al defender su iniciativa de ley que adiciona un artículo al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene por objetivo, sancionar hasta con seis años de prisión a quienes operen estaciones sin contar con autorización, según lo consigna en su edición del 5 de octubre el periódico La Jornada.

La frase fue en respuesta al diputado Virgilio Caballero quien les recordó a los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que dicha iniciativa violaba el artículo 7º constitucional, pues además de la prisión también prevé el decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza, a lo que Medrano respondió que no serían él o la diputada Lía Limón, presidenta de la Comisión, quienes hicieran los decomisos, sino el “Estado”, pues no irían “como perros a quitarles los llamados instrumentos”.

La iniciativa aprobada que se basa en una ley emanada en los tiempos de la dictadura chilena y que ha sido reprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue apoyada por legisladores del PAN, PVEM y del PRI. En la sesión respectiva se esgrimieron argumentos que tienen más de fondo la censura que una supuesta defensa de la “legalidad”.

A diferencia de otros temas, los impulsores de esta iniciativa tienen prisa. Días antes del #19S el diputado por el PRI, Benjamín Medrano, presentó su iniciativa para endurecer las medidas en contra de emisoras que transmiten sin concesión por la vía penal; una vez sucedida la tragedia queda claro que hay muchas más prioridades en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para la prevención de desastres y la reconstrucción nacional.

Sin embargo, este legislador junto con la mayoría de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, dan prioridad a una iniciativa que es una reedición de decenas de propuestas que año con año se mueven en el Congreso para supuestamente atajar la ilegalidad en el uso el espectro, cuando en el fondo responden a una demanda de concesionarios comerciales que se sienten amenazados en sus intereses. No está de acuerdo que grupos sociales y comunidades indígenas sigan utilizando la radio como herramienta para la denuncia social.

Por eso no es casual la propuesta de Medrano, pues en la discusión de la Comisión el pasado 4 de octubre reconoció sus vínculos con los principales empresarios de la radio en Zacatecas, ¿los diputados de la Comisión no vieron ese conflicto de interés en la iniciativa que aprobaron? Grave.

Igual de grave fueron los argumentos del diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce del PRI, que ha trabajado con varios grupos radiofónicos como locutor y directivo, quién aseguró que existen casos de radios comunitarias en Oaxaca y Chiapas que usan el medio para “malinformar y hablar mal del gobierno”.

¿De verdad sólo los medios comunitarios mal informan y los comerciales no? ¿Ahora resulta que hablar mal del gobierno por parte de comunidades indígenas –o contar la realidad- merece el castigo de cárcel tomando como excusa la falta de autorización? Este legislador no sólo tiene también un conflicto de interés, tiene además un talante censor.
El dictamen aprobado viola además el artículo 1º en referencia a la progresividad y el principio pro persona así como estándares internacionales en la materia, que determinan que la utilización de la vía penal en materia de libertad de expresión, tiene que utilizarse como último recurso ante casos extremadamente graves, pero muy graves. El uso del espectro en una infracción administrativa no un delito.

Lo han dicho una y otra vez los organismos internacionales protectores de la libertad de expresión: las vías penales en temas relacionados con la libertad de expresión son inaceptables. Pese a ello vivimos una nueva intentona, esta vez por la Cámara de Diputados, para castigar con penas corporales a personas que operan radios sin autorización. Sin duda es una falta, pero hacerlo por la vía penal es desproporcionado sobre todo cuando eso afecta a comunidades indígenas, campesinas y colectivos ciudadanos en situación de vulnerabilidad, y que utilizan este medio para llenar las necesidades informativas que ni los medios comerciales o públicos tienen capacidad de dar.

El movimiento de la radio comunitaria lleva décadas en nuestro país tratando de contar con condiciones equitativas para su existencia y desarrollo, y aunque ahora están reconocidas legalmente, lo cierto es que el acceso a las frecuencias sigue siendo un proceso complicado para ellas.

Si bien las emisoras sin autorización no son lo mismo que las radios comunitarias, lo cierto es que existen muchas estaciones comunitarias e indígenas que no han tenido las oportunidades para acceder a las autorizaciones, esta situación ha sido ampliamente documentada por años, por lo que criminalizar no soluciona el problema, lo que se requieren son medidas positivas como se ha demostrado en experiencias como Colombia o Uruguay.

¿Por qué la Cámara de Diputados se empeña en aprobar iniciativas que lastiman los derechos humanos, tal como sucedió con los derechos de las audiencias y ahora ésta?

¿Por qué los diputados no se preocupan por la falta de cumplimiento por parte del IFT para promover estaciones indígenas donde no las hay como lo establece la ley?

¿Por qué los legisladores no ocupan sus facultades para realizar un análisis de las recomendaciones que recientemente hizo la OCDE para mejorar el desempeño de las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país como motores del desarrollo?

Utilizar el poder legislativo para la defensa de intereses de particulares, en este caso de concesionarios comerciales, es corromper los pesos y contrapesos necesarios para el juego democrático, la sociedad mexicana no sólo está harta de la corrupción que implica el robo de dinero de recursos públicos, también lo está del uso indebido del poder para beneficiar a unos cuantos en detrimento de las mayorías o de las minorías más débiles como sucede en este caso.

El poder estatal que es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes no es un Estado de derecho, es una perversión. Lo aprobado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de diputados es una muestra fehaciente de la fragilidad en la que se encuentra la libertad de expresión y el derecho a la información, para aquellos que no forman parte de las élites; también es una muestra del talante censor, de la violación indirecta de un derecho humano fundamental, piedra angular de cualquier democracia.